La comunicación social debe ser institucional, es decir, posicionar a las instancias y sus programas, pero hemos visto, en las últimas semanas, como éste concepto se ha desvirtuado.
Todo gobierno que se precie de transparente, democrático y cercano, debe ser accesible para sus ciudadanos, buscando, en principio, mantener informados a la población de las acciones y resultados, todo esto, por medio de las áreas de comunicación social de los gobiernos.
Una adecuada comunicación social no solo permite mantener al tanto de las acciones de un gobierno, sino que al mismo tiempo, establece puentes y conexiones del ámbito social – político, facilitando así el intercambio de ideas, el apoyo y soporte de las y los funcionarios y generado opinión pública, que termina siendo un termómetro real de las percepciones del gobierno en turno.
Con todo esto, y con una estructura humana y con un presupuesto, los gobiernos pueden y deben hacer campañas y estrategias que abonen al ánimo colectivo y, sobre todo, a generar una imagen e identidad de las instituciones y sus funcionarios, pero es, al mismo tiempo, un arma que si no se utiliza con fines éticos, puede convertirse en un instrumento propagandístico.
Definimos #propaganda “la forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento.” Presenta como tal, ciertas omisiones y sesgos que permiten encaminar al que recibe estos estímulos ( propaganda) a considerar, hacer suya o apropiarse de una idea sembrada y haciendo un cambio en la actitud.
Aunque en nuestros tiempos el término propaganda tiene un sesgo negativo, su origen fue neutro, de hecho, personajes como el relacionista público Edward Bernays propuso campañas de propaganda para que los EUA pudieran luchar, con el apoyo del pueblo norteamericano, contra los alemanes.
Hasta este punto, tenemos claro que la comunicación social debe ser institucional, es decir, posicionar a las instancias y sus programas, pero hemos visto, en las últimas semanas, como éste concepto se ha desvirtuado y estamos ante un excesivo uso de la imagen, nombre y figura del Presidente López Obrador.
La ley en México es muy clara en el tema de la comunicación social, el artículo 134 constitucional dice:
“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
No obstante lo anterior, basta con dar un vistazo a las redes sociales del Gobierno de México y podremos encontrar el regreso del presidencialismo y el culto a la personalidad de AMLO, no hay día que no aparezca en medios, que su imagen y frases sean replicadas no solo por sus seguidores, sino por las mismas dependencias que al hacerlo, incurren en faltas al artículo arriba citado o bien, al artículo 9 de la Ley de Comunicación Social:
Artículo 9.- Además de lo previsto en el artículo 21 de esta Ley, no se podrán difundir Campañas de Comunicación Social, cuyos contenidos:
I. Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14;
II. Incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales;
III. Inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, y
IV. Induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social.
En momentos donde el ambiente del país se vive cambiante, donde el diálogo queda rebasado por la descalificación y donde lo institucional se deja de lado, es necesario y primordial que las áreas de comunicación social del Gobierno de la 4T asuman su papel y la congruencia y la coherencia sean las bases de toda estrategia de comunicación.
Felipe Reyes Barragan
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